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Aunque en el mundo anglosajón la figura del controller jurídico era sobradamente conocida, en España no cobró relevancia hasta la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal: un nuevo reto para las empresas, que habrán de responder penalmente en el caso de que alguno de sus empleados cometa un delito.
Para evitar dicha responsabilidad, cada vez son más las empresas que apuestan por buscar asesoramiento especializado para diseñar y aplicar guías de cumplimiento normativo, que garanticen el cumplimiento ético de la empresa.
Las grandes corporaciones han sido las primeras en incorporar responsables de cumplimiento normativo a sus equipos, pero también hay demanda de profesionales por parte de las pymes, que subcontratan este tipo de servicio.
El sector empresarial se está topando con una barrera: no encuentra expertos capaces de expresar el compromiso ético de la empresa, algo imprescidible tras la entrada en vigor de las reformas que aluden a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en aquellos casos en que un empleado pueda cometer un delito que afecte a la empresa.
Por ello, apostamos por formar a los mejores especialistas, que sumen a sus conocimientos legales las habilidades que les permitan:
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